Medicina y Derecho 50 aniversario de la Facultad de Derecho Los festejos del 50º aniversario de la Facultad de Derecho de la UNAM congregaron a los doctores Alejandro Cravioto, director de la FM; Guillermo Soberón Acevedo, ex secretario de la SSa; Ruy Pérez Tamayo, jefe e investigador de la Unidad de Medicina Experimental (UME); Fernando Serrano, director de la Facultad de Derecho, y Eréndira Salgado, directora general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), con la intención de abordar y analizar aspectos que tienen ver con la medicina y el derecho. En la mesa de discusión, la doctora Salgado, que fungió además como moderadora, expresó que ambas ciencias -la médica y la jurídica- se encuentran en estrecha relación durante la vida del hombre. “…bien sea porque el médico protege la adecuada evolución del embrión y porque el abogado garantiza una serie de derechos consustanciales a su naturaleza.” Expresó que los últimos descubrimientos del genoma humano representan un nuevo sendero en la investigación científica, en la que sus respectivos profesionales deben colaborar estrechamente para que la ciencia médica cumpla su función histórica y social de ser un instrumento en beneficio del hombre. En el mismo contexto, el doctor Cravioto señaló que si bien la medicina y el derecho comparten una serie de áreas, entre ellas la medicina legal o forense, es necesario buscar una relación “más formal” para poder enfrentar una serie de retos que se presentan en torno a los avances médicos. El titular de la FM propuso la creación de un centro de estudios de medicina y derecho que pueda cumplir dos funciones fundamentales. “La primera -indicó- es cultivar y fomentar el desarrollo de investigaciones de enseñanza y difusión del conocimiento en el área médica y jurídica. Los objetivos de este centro serían: discutir y profundizar el conocimiento en las áreas de la biología humana, y producir conocimientos innovadores para la comprensión de nuevos temas de actualidad, como la discriminación genética.” La intención, manifestó el doctor Cravioto, es que estos objetivos puedan generar cambios en la Ley General de Salud, sus normas y su aplicación. Enfatizó que se busca una interrelación interdisciplinaria que implique la participación de los jóvenes que van saliendo de ambas facultades, para que realicen investigación bajo tutoría precisa y, sobre todo, contribuir a que este país tenga no sólo la mejor salud sino una mejor situación en cuanto a la protección de la misma. Por su parte, el doctor Ruy Pérez Tamayo abordó la temática de la investigación biomédica y el impacto que puede tener en la ley. Destacó que el conocimiento del genoma humano produjo una gran impresión en la sociedad, pero vino acompañado de consecuencias de tipo ético, legal y social. Explicó que cuando se estableció el Proyecto del Genoma Humano (PGH) en 1988, su director, el doctor James Watson, propuso que una parte del presupuesto otorgado por los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos se debía destinar al examen de los problemas éticos y legales surgidos de la investigación biomédica. Los principales asuntos que se discutieron en esa comisión de investigación sobre el impacto ético, legal y social del conocimiento del genoma humano fueron: 1) cómo asegurarse de que los resultados del diagnóstico genético no se usarían en forma negativa por empleadores o compañías de seguros; 2) cómo garantizar que los individuos que aceptan someterse al análisis de su propio ácido desoxirribonucleico (ADN) sepan exactamente a qué se están comprometiendo; 3) qué pasos concretos deberían darse para asegurar la exactitud de las pruebas genéticas, y 4) cuando se encuentre que un feto posee genes que no le permitirán desarrollarse como un ser humano funcional, ¿quién, -si es que hay alguien- debería tener el derecho de terminar ese embarazo? El doctor Pérez Tamayo hizo énfasis en el primer punto, el cual se refiere al uso de la información genética en forma negativa, que significa un acto reprobable y que es un fenómeno tan viejo como la humanidad. Para ilustrarlo, el doctor Pérez Tamayo señaló que la Asociación Americana de Administradores encontró en 1999 que 30 por ciento de las grandes y medianas corporaciones requieren información genética sobre sus empleados y 7 por ciento la usan para sus nuevos contratos o sus promociones. “Conforme los costos del análisis del ADN humano disminuyan, lo que seguramente ocurrirá con mayor prisa ahora, se espera que esta política se hará cada vez más extensa”, manifestó. En su oportunidad, el doctor Guillermo Soberón habló del marco jurídico que rige actualmente el Sistema Nacional de Salud. Indicó que fue en el año de 1981 cuando el gobierno de la República determinó hacer una revisión de la coyuntura en materia de servicios de salud, a fin de contar con una mejor organización y al mismo tiempo que pudieran dar cobertura a toda la población. La primera gestión que se llevó a cabo fue revisar el ordenamiento jurídico del Sistema Nacional de Salud, porque hasta ese entonces el que regía estaba constituido por los códigos sanitarios. Asimismo, se introdujo en la Constitución el derecho a la protección de la salud, el cual fue establecido en el párrafo III del artículo 4º, que indicaba que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud. Y posteriormente se promulgó en febrero de 1984, la Ley General de Salud. De esta Ley surgieron las leyes estatales de salud y fue en el seno de las cámaras locales donde se establecieron los ordenamientos que se aplicaban en el ámbito de los estados, pero hubo una sobrereglamentación por el hecho de que llegaron a existir más de 80 reglamentos. Ante este panorama -señaló el doctor Soberón- fue necesario un proceso de simplificación, de tal manera que todos esos ordenamientos se redujeron a cinco: para la formación de recursos humanos, para la investigación en salud, para la provisión de servicios de salud, para la disposición de órganos y tejidos, y para la aplicación de trasplantes. El doctor Soberón destacó que la Ley General de Salud ha tenido algunas modificaciones con el propósito de hacerla un instrumento actualizado. Una muy trascendental fue la del periodo 1985-1986, donde se introdujo en la ley el artículo para proscribir la comercialización de la sangre en México, esta ley fue producto de la preocupación por la pandemia del sida. El doctor Soberón concluyó explicando que en el Sistema Nacional de Salud van surgiendo otros instrumentos que la sociedad va necesitando, caso concreto es la creación de la Conamed en el año de 1996, la cual ha resultado un mecanismo de protección muy importante para el consumidor de los servicios de salud. Al término de la mesa redonda, el doctor Fernando Serrano otorgó a cada uno de los ponentes un reconocimiento por su participación durante el ciclo de conferencias del 50º aniversario de la Facultad de Derecho, que tuvo como escenario el aula magna “Jacinto Pallares” de esa dependencia universitaria.
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