Gaceta Facultad de Medicina UNAM
25 mayo 2006
Facultad de Medicina UNAM

Seminario Internacional

Los derechos humanos en la formación del personal de salud: Una necesidad crucial
Segunda parte

  • La salud y los derechos humanos en México: respeto, experiencia, quejas y violaciones
  • La introducción de los derechos humanos en los currículos

Dentro del seminario, en el primer bloque de trabajo titulado “¿Cómo se relacionan la salud y los derechos humanos?”, se presentó la mesa redonda: “Salud y derechos humanos en los hechos”, coordinada por el abogado Enrique Pimentel González Pacheco, actual director de Enlace y Desarrollo con Organismos no Gubernamentales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien explicó que la única forma “en que los médicos se pueden defender de una responsabilidad es por medio de la adecuada integración del expediente clínico, que es una prueba documental pública en un juicio o en un procedimiento”.

Varias mesas redondas se llevaron a cabo durante el seminario

En el auditorio “Raoul Fournier Villada“ de la Facultad de Medicina (FM) y en representación del doctor Sergio Aguayo, tomó la palabra la doctora Ana Luisa Liguori, antropóloga social con maestría en comunicación, quien durante su presentación, titulada “El respeto a los derechos humanos en México: ¿realidad o quimera?”, realizó un recuento de la historia de los derechos humanos en este país y su desarrollo político y social, de los conflictos que trajo consigo el planteamiento de los derechos humanos en México, y del avance y la implementación de los mismos.

A continuación, el maestro Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF, explicó que la salud constituye un elemento determinante para la existencia del ser humano y que la evolución de la medicina y la ciencia médica, no sólo ha sido una acumulación excesiva de conocimientos, sino un mecanismo para incrementar el bienestar de las personas, lo que ha incrementado la esperanza de vida.

Durante su ponencia titulada “Quejas y violaciones a los derechos humanos en el sector salud: nuestra realidad”, declaró que lo anterior ha significado el avance contra dogmas y supersticiones, lo que ha generado el avance de la cultura, sobre todo en materia de salud, aunque no deja de haber mitos y tabúes sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Habló de construir una cultura de respeto a las personas que se aproximan a la CNDH del Distrito Federal, en el entendido de que son peticionarios de sus derechos, antes que “quejosos”. Las peticiones más comunes –dijo “son por restricción o negativa al derecho a la salud, negativa a brindar accesos de servicios de la salud, negligencias médicas menores y restricción o negativas en medidas de prevención y tratamiento de enfermedades”; señaló también que la Comisión busca que a través de casos específicos, la autoridad diseñe procedimientos que integren los derechos de la víctima y que no hagan necesaria la intervención de la Comisión para que se revisen las condiciones en las que trabaja el personal médico y los medicamentos.

Tocó el turno al doctor Juan Pablo Guerrero, uno de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAl), doctorado en ciencias políticas y política pública en el Instituto de Estudios Políticos de París, quien en su ponencia titulada, “Un caso controvertido: El acceso a la información del expediente clínico”, explicó que “el derecho a saber es un derecho fundamental, saber nos aleja de la indefensión, de la ignorancia, de la opresión, y nos da herramientas para mejorar nuestra posición en el medio ambiente social, saber nos da libertad de acción y de elección, a saber de los demás y a conocer lo que la autoridad tiene sobre la persona, y el límite está en los derechos de terceros, en la vida privada”.

EL IFAl es el organismo que garantiza el acceso a la información por parte de las personas a lo que contienen los expedientes y archivos gubernamentales, pero también regula el acceso de los individuos a la información que sobre ellos tiene el Estado.

Analizó en un estudio histórico el avance del acceso al expediente médico y explicó que “para la ley hay dos tipos de información: la gubernamental, que es pública y puede reservarse bajo ciertas circunstancias (seguridad nacional, relaciones internacionales), y la información que se refiere a personas y que nunca será publicable, o difundida (a menos que se cuente con la autorización expresa de la persona)”.

El experto puntualizó que los hospitales públicos y federales son sujetos de la Ley Federal de Transparencias, por lo que el expediente clínico no puede tener más que dos tipos de información, la gubernamental o la de la persona.

“En la ley del IFAI se ha establecido que el expediente clínico es confidencial, por lo tanto nadie puede tener acceso a él, pero cuando una información es confidencial, el único, además de la autoridad, que puede tener acceso a él, es precisamente la persona acerca de la cual se refieren los datos.”

Para el futuro previó, debido al avance con las autoridades de los hospitales en el sentido de una próxima modificación a la norma, un mayor acercamiento entre las propuestas y posiciones que están alejadas.

Finalmente, la doctora Patricia Volkow Fernández, subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología y jefa del Departamento de Infectología del mismo Instituto, expresó la visión del médico frente a los derechos humanos en la realidad diaria, al dictar su ponencia “El día a día: La experiencia desde el personal de salud”.

Habló como médico del entorno en el que se desarrolla el personal de salud frente a los avances de los derechos humanos, ya que, afirmó: “Los médicos entendemos que la salud no es un derecho, su ausencia o presencia dependen de factores que la mayor parte de las ocasiones son independientes de la voluntad humana. Lo que es un derecho es el acceso a la atención médica y la problemática surge de su interpretación cuando se lee en el artículo 25 el acceso a la atención médica, donde se utiliza, en inglés, la palabra estándar, lo que en español se traduce como adecuada. Esto lleva a una elasticidad infinita, ya que probablemente uno de los aspectos de la humanidad donde se muestran los mayores contrastes sociales es en el acceso a la atención a la salud.”

¿Qué es estándar y qué es adecuada?, cuestionó. “Dar cumplimiento a este derecho es casi imposible en países en desarrollo. Los intereses se han ido haciendo ajenos a los derechos universales de los seres humanos y hoy día la meta para encontrar un nuevo medicamento para una enfermedad o una vacuna no se enfoca en combatir un mal, sino en convertirse en el líder del mercado.”

Habló de las diferencias entre los servicios de salud en los países desarrollados y en los de Tercer Mundo y sus carencias y debilidades, señaló que “es necesario disminuir las diferencias abismales de las regiones”.

La relación médico-paciente se basa en la inequidad, dijo: “uno es el que busca la cura y otro es el que posee el poder, el conocimiento, el estatus social y la capacidad de curar o matar”.

Explicó que hay una serie de elementos indispensables para el profesional de la salud: “Estar actualizado en sus conocimientos médicos y científicos, hacer la irrefutable misión de ayudar al individuo o familia que lo solicita, ser honesto con relación a sus propias capacidades científicas y humanas y ser capaz de expresarle al otro sus límites, no permitirse ser influenciado por intereses externos al bienestar de su paciente en la prescripción de medicamentos o accesorios médicos, no permitir que el sistema o institución donde ejerce le quiten su identidad y capacidad de ejercicio, tanto en lo diagnóstico como en lo terapéutico.

“Su trabajo debe salvaguardar la libertad y la dignidad del paciente y su familia, principios fundamentales de la declaración de los derechos humanos, y excluir de su ejercicio la crueldad, el trato degradante e inhumano para el paciente o la familia, además de usar un lenguaje que le permita comunicación eficiente con ellos; no tomar las decisiones que al otro corresponden; salvaguardar el bienestar del paciente por encima del sistema o la institución; cuando sus valores o creencia le permiten el ejercicio imparcial de su profesión el médico tiene el derecho y la obligación de delegar el caso a un compañero que esté en posibilidades de asumirlo y, por último, la información proporcionada al paciente o a la familia debe ser garantizada partiendo del paciente adulto, los padres de un menor, las responsabilidades de los adultos mayores o personas con capacidades diferentes.”

Puntualizó que en algunas ocasiones las instituciones pueden transformar la voluntad de ayuda del médico y convertirlos en verdugos, y dio ejemplos de situaciones que le han permitido en su labor diaria ser una fiel defensora de los derechos humanos de los pacientes, lo que le valió muchas felicitaciones del público asistente.

“Cuando se trabaja en instituciones de seguridad social y la atención médica está totalmente institucionalizada, es obligación del médico salvaguardar el bienestar del paciente por encima del sistema o institución.”

Habló de los seguros médicos y dijo que en nuestro país los consumidores no han hecho conciencia de lo que implica la “preexistencia” (uno de los incisos más importantes en cualquier póliza), leyenda que descalifica como beneficio a cualquier individuo con alguna alteración genética; además las compañías aseguradoras no cubren ningún tipo de enfermedad mental, lo que es un hecho flagrante de violación de los derechos humanos de quienes las padecen. “El acceso a la atención médica es una obligación del Estado y no se puede dejar en manos de las fuerzas del mercado.”

A través de sus palabras mostró los escenarios y los grandes obstáculos que se viven para dar cumplimiento a uno de los derechos universales: el acceso a la atención médica, tanto por el usuario como por el que proporciona el servicio.

“Es claro que queda una enorme tarea para mejorar no sólo el acceso a la atención médica sino al cumplimiento del resto de los derechos universales, en el ejercicio cotidiano de la medicina. La tarea es de todos, debemos fomentar el estudio permanente de la disciplina para actualizar al que ejerce y cargarla cotidianamente de humanismo. Sólo esta doble combinación, conocimiento científico y humanismo, permitirá que la medicina siga siendo la extraordinaria disciplina que nos permite ayudar al que padece y dar cabal cumplimiento a los derechos universales en el ejercicio cotidiano de ser médicos”, finalizó.

La experiencia nacional e internacional en la formación del personal de salud

Durante el segundo día se llevó a cabo una interesante mesa redonda que permitió analizar la experiencia nacional e internacional de los diversos formadores de recursos humanos en materia de salud y la inclusión de los derechos humanos en los currículos académicos.

Titulada “Los derechos humanos en la formación del personal de salud”, la mesa de trabajo fue moderada por la doctora Marisa Belausteguigoitia Rius, actual directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM.

La primera participación estuvo a cargo de la licenciada Ana Angarita, asesora regional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), quien reconoció que la salud es un derecho fundamental y que la labor de los profesionales influye en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular del derecho a la salud.

Precisó que “la educación en derechos humanos es el punto de partida fundamental para dotar a los profesionales de la salud de los conocimientos e instrumentos que les permitan promover y proteger los derechos humanos”, ya que la preocupación por el bienestar de la gente los lleva a comprometerse para avanzar y contribuir en la construcción de políticas públicas que tengan efecto en la realización progresiva de los derechos.

La experta manifestó que es necesario que el personal de salud transforme su visión de beneficiarios por la de promotores de los intereses y defensores de derechos, para que se demande la realización de políticas integrales que aborden las múltiples dimensiones de los sujetos.

Se requieren, afirmó, reformas en las funciones de los sistemas de salud y sus relaciones con el Estado en la búsqueda de leyes, equidad y mecanismos de acción para la justicia, donde la rendición de cuentas implica la evaluación de los resultados por su contribución a la realización de los derechos humanos.

Agregó que de conformidad con el derecho internacional y los derechos humanos, “los Estados tienen la obligación primordial de asegurar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, de establecer un entorno propicio para que los profesionales de la salud adopten este enfoque, y también es un reto que sus asociaciones puedan asistir a otros profesionales a defender los derechos humanos mediante el asesoramiento y el apoyo institucional.

“Las responsabilidades que tenemos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos serían: vincular todos los derechos, transformar la salud en un vehículo para el disfrute de esos derechos, aplicar un enfoque de derechos humanos en la práctica clínica, mantener el respeto a la dignidad de los pacientes, identificar violaciones y resistir la presión institucional o social para cometer violaciones, facultar a los pacientes o colegas para defender sus derechos humanos, promover la rendición de cuentas en relación con infracciones y minimizar los riesgos de represalias”, señaló.

Respecto al personal de salud, dijo que son los médicos y enfermeras quienes “pueden transformar la salud en un vehículo para disfrute de los mismos; promover que las personas tengan capacidades para realizar integralmente sus derechos; participar en la identificación de inequidades, prácticas discriminatorias y exclusión, que atentan constantemente contra el disfrute de los derechos“ Es obligación y responsabilidad observar las prácticas discriminatorias para contribuir al desarrollo y elaborar estrategias integrales de salud para el ejercicio y disfrute de todos los derechos.

Es necesario, afirmó, contribuir de una manera más efectiva y eficiente para que la cultura de derechos y los contenidos de educación en derechos humanos sean una realidad.

Enseguida, tocó el turno a la abogada Susana Chiarotti Boero, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) de Rosario, en Argentina, quien mediante su ponencia “Experiencias compartidas: Salud y derechos humanos”, habló de lo vivido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, con la incorporación de los derechos humanos en los currículos innovados de la dependencia.

En la iniciativa fue necesario “plasmar el enfoque interdisciplinario de dos campos de saber complejos: salud y derechos humanos, aspectos que no sólo tienen desarrollo epistemológico distinto sino que parten de lenguaje y lógicas diferentes”, explicó.

La también integrante del comité de expertas sobre violencia contra la mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA) narró cómo se instauró la materia de “Salud y derechos humanos”, y precisó que en el caso argentino las organizaciones de mujeres ya se habían acercado a la Universidad con un documento de denuncia por la discriminación de género que sufrían las alumnas y las graduadas.

Relató que primero crearon una comisión de género fundamentada en un estudio que demostraba el trato discriminatorio, cruel, inhumano y degradante que recibían las mujeres que llegaban a los servicios de salud sexual y reproductiva, y con los resultados en mano, explicaron a las autoridades académicas la necesidad de formar recursos humanos que no discriminaran.

Con base en ello, idearon la forma de enseñar por medio de una cátedra los derechos humanos, con lo que se formó un equipo multidisciplinario de médicos, trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas que confrontan problemas reales que los alumnos deben solucionar con trabajo de campo.

Los estudiantes no sólo ven la parte física, sino la emocional y la social. Tienen que interrelacionar los otros derechos con el de la salud y, sobre todo, los derechos sexuales y reproductivos, finalizó.

Por su parte, el titular de la Unidad de la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), doctor Ricardo Sepúlveda Iguiniz, explicó que los derechos humanos “son una derivación de la dignidad humana y no sólo deben aparecen cuando se violan; no son un sistema, son sólo derechos humanos, universales e interdependientes”.

Respecto a la realidad, señaló que el problema es su aplicabilidad. “Cómo hacer que esa serie de principios, teorías y declaraciones logren tener una concreción que nos lleve a solucionar problemas tan graves como la desigualdad, las crisis de agua, como los de la migración y tantos otros que son sin duda los grandes retos que enfrenta la humanidad. Cómo llevarlo a lo concreto” es el gran reto para el mundo, la educación y las tareas educativas. “Son un problema entre autoridad e individuos en la vida social y todos sus ámbitos.”

Asimismo, habló de la Declaración Universitaria de Derechos Humanos firmada el pasado 8 de marzo. “A alguien un día se le ocurrió que sería buena idea firmar una declaración entre todas las universidades para comprometerse a promover la educación en derechos humanos y esa idea comenzó a tomar cuerpo. Un conjunto de 17 compromisos firmados por 70 universidades (hasta ahora) se unieron para promover un cambio, una transformación en el ámbito cultural de la educación superior, que se derivara a muchos otros ámbitos.

“En nuestro país guardamos una relación muy cercana entre los derechos humanos y el ámbito jurídico, como si fueran un asunto de conflicto entre autoridades y que hay que litigarlos en algún ámbito. Debería enseñarse en todas las áreas porque los derechos humanos influyen en todos los ámbitos de la vida. En la declaración universitaria verán que no hace ninguna selección de carreras, ninguna selección de ámbitos, porque todos los ámbitos de la educación son para los derechos humanos.”

Se trata, dijo, “de una acción que se enmarca en una problemática de derechos humanos en nuestro país y que además responde a una política que en México va siendo cada vez más una realidad”, finalizó.

Luego del funcionario de Gobernación, tomo la palabra la doctora Sara Morales López, coordinadora de Ciencias Básicas de la FM, quien en representación del doctor José Narro Robles, director de esta Facultad, habló de “La inclusión del marco de los derechos humanos en la Facultad de Medicina de la UNAM”, donde explicó que la historia de la dependencia ha dado la oportunidad de formar médicos, a lo largo de, más o menos, 427 años, lo que permite conocer las necesidades y las expectativas en la preparación de los médicos. Además, dijo, porque los formadores son maestros que comenzaron la enseñanza de la medicina en todo el país, y algunos de ellos han trabajado con las leyes, las normas y los reglamentos de los derechos humanos.

Explicó que a través del servicio social, impulsado por el doctor Gustavo Baz, los alumnos se enfrentan al quehacer médico y a la interacción con todo lo que sería el sistema de salud. “En el ejercicio social es donde más enfrentamos los derechos humanos, tanto en la comunidad en la que trabajamos como para los que trabajamos.

“Hay que trabajar desde las escuelas y las diferentes instituciones; para ello –señaló– es necesario el contacto estrecho con las instituciones para la formación de recursos humanos con las diferentes instituciones (hospitales) que enriquecen la formación de los médicos porque se observan las carencias y los beneficios de los planes de estudio.”

Explicó que para la FM es una gran responsabilidad trabajar tanto con los alumnos de pregrado como con los de posgrado en materia de derechos humanos, por lo que en el posgrado se ha trabajado con una comisión de bioética.

Adelantó que se busca seguir trabajando con casos clínicos y situaciones específicas, “con acciones necesarias para la educación y promoción de la salud, así como las de prevención de las enfermedades con base en el conocimiento de las determinantes y de los factores de riesgo sociales y ambientales que intervienen en el estilo de vida del individuo, la familia y la comunidad; tenemos que hablar de integridad física y mental, de ver al sujeto como una parte integral, y lo tenemos que hacer en todos los escenarios y contextos”.

Antes de concluir su participación, la doctora Morales leyó el mensaje que el doctor Narro envió con motivo de la mesa redonda. “Creemos que no podemos pensar en el derecho de la salud sin pensar en los demás derechos, es decir, no existe el derecho a la salud solo, autónomo, independiente, sino que tendríamos que manejarlo con todos los demás derechos, y en la Facultad estamos convencidos de que tenemos que trabajar en un consenso general con las instituciones de salud, con las instituciones sociales, con las instituciones independientes para poder dar los escenarios adecuados a nuestros alumnos y al trabajo que deberán desempeñar.

“El vínculo entre la salud, y los derechos humanos es imposible de evadir; sin salud los otros derechos están incompletos, sin los otros derechos humanos la salud no existe. Nos pronunciamos por el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, y por impulsar en todos los espacios la cultura de los derechos humanos, incluidos los derechos de género y la salud y los reproductivos.”

Una de las experiencias es el caso de la Universidad Iberoamericana (UIA), para exponer el caso se presentó el licenciado en derecho Juan Carlos Arjona, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UIA, ciudad de México, quien habló de los “Avances locales: La experiencia educativa en derechos humanos de la UIA”, y explicó que esa Universidad creó, en 1998, un Programa de Derechos Humanos que sigue los lineamientos internacionales en esta materia en instituciones públicas y privadas, y habló de las distintas experiencias educativas que hay en la UIA respecto a los derechos donde con proyectos específicos se busca fortalecer la educación legal, por lo cual han creado una maestría en derechos humanos dirigida a todas las disciplinas.

Finalmente, en el último turno, tomó la palabra, la maestra Patricia Becerril Amero, docente en salud pública, representante de la presidenta de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE) y vicepresidenta de la Asociación Región Centro y Docente de la Facultad de Enfermería del Estado de México, quien presentó la ponencia “La inclusión del marco de los derechos humanos en escuelas y facultades de enfermería”, donde reflexionó y analizó la pertinencia de la inclusión del marco de los derechos humanos en las escuelas y facultades de enfermería.

Señaló que una “condición necesaria para que un país se desarrolle integralmente es el bienestar de su sociedad, traducida en educación y salud de sus ciudadanos”.

Por lo anterior, dijo: “En la formación de los cuadros profesionales de la enfermería no sólo deben ser buenos deseos de incorporar en el diseño curricular planes, programas de estudio, prácticas y procesos evaluadores certificados de transparencia y auditorias de calidad en los servicios, sino que son requerimientos urgentes la integración temática de la cultura de los derechos humanos para conscientemente ejercerlos, ya que hasta el momento han sido información que no se ha decodificado con pertinencia y eficacia porque de varias maneras se ha renunciado a ellos por no tener un claro y justo equilibrio entre el derecho y las obligaciones humanas, a la vida, la salud, el bienestar, y a una educación liberadora, sin opresiones ni condicionamientos totalitarios, antidemocráticos, que por el desconocimiento propicien actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia humana, como la condición, los temores, por la incompetencia profesional a la atención de la enfermedad o a la muerte. La urgencia de la inclusión de planes o programas en la formación de profesionistas cada vez más como parte de los profesionales en la enfermería, como parte del equipo de salud para desenvolverse sin prejuicios, sin indecisiones y sin equivocaciones.”

Finalmente destacó la importancia de seguir trabajando para crear conciencia de las responsabilidades “... con un marco educativo que propicie productividad y competitividad en desempeños personales, laborales, sociales y profesionales, basados en los valores y principios universales para la defensa de los derechos humanos.”