Simposio “Hacia la universalización de la salud y la seguridad social” La propuesta: Salud y seguridad social para todos, se analizó desde diversos ángulos
Ante la actual transición económica, demográfica, epidemiológica, democrática, social y política, y sus respectivas consecuencias, surge la necesidad de plantear soluciones conjuntas que permitan avanzar al país. Entre los retos se plantea un modelo de cobertura sanitaria universal que pase por la creación de un sistema nacional de salud y la reforma de las instituciones de salud y de seguridad social, objetivos que, para muchos expertos en el tema, pueden ser alcanzables. Para este análisis se reunieron en la Facultad de Medicina un gran número de personajes destacados en distintos ámbitos de la vida nacional, quienes, durante tres días, analizaron y discutieron las propuestas contenidas en dos documentos que apuestan al derecho de todos los mexicanos a la salud y a la seguridad social. Con estos textos, uno dedicado al tema de la universalización de la salud, y el otro al de la seguridad social, sus autores: José Narro Robles, director de esta Facultad de Medicina (FM), así como Rolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Venegas, profesores de la Facultad de Economía (FE), convocaron a la discusión, pero, sobre todo, a la reflexión de estos asuntos nacionales que, de no atenderse, pueden llevarnos al colapso en pocos años, información que fue dada a conocer del 12 al 14 de junio en el simposio “Hacia la universalización de la salud y de la seguridad social”, organizado en el marco del Seminario Universitario de la Cuestión Social (programa multidisciplinario de la UNAM, creado para impulsar la reflexión sobre los grandes temas de la equidad y los valores sociales en México y en el mundo). En el primer día de actividades, luego de la inauguración, a cargo de Enrique del Val Blanco, secretario general de la Universidad Nacional, y de la interesante conferencia magistral “La salud colectiva: hacia una definición de políticas públicas”, impartida por el doctor Jesús Kumate Rodríguez, presidente ejecutivo de la Fundación IMSS, el doctor Narro Robles dio lectura al primer documento, tema de la discusión en torno a un sistema de servicios de salud universal.
En éste se resalta lo insuficiente del proyecto de Estado social, diseñado para proteger a los ciudadanos contra peligros y situaciones diversas, derivadas tanto de la vida personal como del sistema social que, para muchos, hoy está francamente en riesgo. En el fondo, el Estado social debe reducir las contingencias, disminuir las diferencias entre grupos, sectores y regiones, y atender sus consecuencias. En la actualidad —señaló—, los riesgos de enfermedad, incapacidad, desempleo, accidente de trabajo y muerte se han incrementado por muchas razones. Frente a ello, hay una fuerte presión para avanzar en la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social o, al menos, para disminuir la presencia del Estado en esos dos campos. Durante la presentación del documento, el director de la esta Facultad aseguró que la salud es un requisito indispensable para lograr el desarrollo de las capacidades y potencialidades de personas y colectividades. Es condición ineludible para la consecución de la seguridad, la democracia, y para el ejercicio pleno de la libertad. Sin salud no hay acceso cabal a la educación, a la cultura, al entretenimiento, al empleo o a la participación política. La salud, junto con la educación, es palanca del desarrollo humano y, en nuestro régimen constitucional, se identifica como prototipo de los derechos sociales fundamentales. En el texto se enfatiza que la salud no debe entenderse como una mercancía; su atención tampoco puede concebirse como una concesión graciosa, como un acto de caridad benevolente o como un servicio disponible sólo para aquellos con capacidad de pago. En consecuencia, no deben ser las fuerzas del mercado o las negociaciones comerciales las que determinen los niveles de salud de una población. Por el contrario, se deben diseñar políticas públicas que aseguren que toda la gente cuente con el respaldo de los servicios públicos de salud. Esto no ocurre hoy y es notoria todavía la insuficiencia de recursos públicos destinados al fortalecimiento y expansión del sistema de salud pública.
Resulta urgente actuar; es un compromiso de todos, pero toca a los dirigentes del Estado, a los partidos políticos y a las organizaciones económicas y sociales encabezar esta que no puede sino ser una cruzada: reorganizar el sistema de salud que es ineficiente, mejorar el financiamiento para la salud que no es el que se requiere, y formular una gran convocatoria al conjunto de la sociedad. Sólo con la movilización organizada de todos los sectores será posible acelerar el proceso de búsqueda de la justicia social y alcanzar mejores niveles de salud. Además de las desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana, se advierte la falta de precisión constitucional del derecho a la salud cuando se busca concretarlo como un derecho de todos, es decir, efectivamente ciudadano y universal, y con propósitos de redistribución y equidad. El sistema, tal y como ha evolucionado hasta la fecha, ha impedido que esta circunstancia de universalidad y equidad se vislumbre como una realidad aunque sea progresivamente, y ha confundido la discusión central, que debería ser la referente precisamente a los caminos para hacer realidad dicha universalidad. Más adelante, se asegura que urge avanzar en la revisión jurídica de este derecho para volverlo inequívocamente universal y exigible. De aquí la necesidad de que el Estado y la sociedad se comprometan por una salud pública universal. Esto, a la vez, debe tener su obligada contraparte en un pacto fiscal que permita superar pronto la grave debilidad financiera, organizativa e institucional en que ha caído el Estado. En el documento también se informa que no hay una cobertura de toda la población en materia de salud; existe una enorme heterogeneidad en la calidad de los servicios que se prestan, segmentación de las instituciones prestadoras de servicios, además de que el financiamiento de los mismos es absolutamente insuficiente. No obstante, el mayor desarrollo de los servicios se ha dado en el sector público, que cuenta con una extraordinaria infraestructura. Antes de finalizar la lectura del documento, el doctor Narro Robles advirtió de la necesidad de establecer un servicio nacional de salud, que tendría como propósito central garantizar la cobertura universal de los servicios de salud de tipo preventivo, curativo y de rehabilitación, para lo cual sería necesario integrar una sola institución. Asimismo, buscar que la operación de los programas de salud se complementen con la de programas sociales que incidan en la salud de la población, en especial educación, alimentación, dotación de vivienda, y agua potable y drenaje, entre otros. Se entiende que niveles inadecuados de salud son un freno al desarrollo, y éste, por sí solo, no garantiza la existencia de mejores condiciones de salud en la población. Se está a favor de reformar y fortalecer un Estado que tutele las necesidades humanas básicas, que promueva la solidaridad con los más necesitados, dice el texto. Resulta indispensable avanzar en la reforma integral de las instituciones de salud y seguridad social. Esta reforma debe ser profunda y las acciones que se instrumenten deberán ser concertadas y graduales, de tal manera que se aseguren las mayores posibilidades de éxito en la tarea, concluyó. Este documento fue analizado en dos mesas de trabajo, presididas por Roberto Escalante Semerena, director de la FE, y por Joaquín López Barcenas, secretario general de la FM, respectivamente. Participaron: Raúl Vargas López, vicerrector de la Universidad de Guadalajara; Antonio Heras, coordinador de asesores del comisionado nacional de Protección Social en Salud, Secretaría de Salud (SSa), y Asa Cristina Laurel, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como el senador Carlos Rojas Gutiérrez, de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura; Leonardo Lomelí Vargas, profesor de la FE; Misael Uribe Esquivel, presidente de la Academia Nacional de Medicina; Eduardo González Pier, titular de la Unidad de Análisis Económico, SSa, y José Rodríguez Domínguez, profesor de la FM.
Para el segundo día, después de la conferencia magistral “El reto de la protección social en América Latina: acceso, financiamiento, solidaridad”, dictada por Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigación del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) en México, el economista Cordera Campos hizo la presentación del segundo documento para su posterior análisis. Del texto titulado “Hacia la universalización de la seguridad social” se desprende que la globalización, con sus múltiples dimensiones y efectos, ha impactado en los últimos decenios los grandes sistemas de la sociedad, los ámbitos público y privado, lo financiero y lo social y el sistema de valores, así como el acceso a la información y al conocimiento, entre muchos otros temas. El mundo ha cambiado en unos cuantos años, en tal forma que las transiciones se han marcado más y las brechas se han extendido, además de que se ha generado una gran cantidad de paradojas. Se han establecido distintos mecanismos para enfrentar los desafíos que en la vida se presentan, entre ellos, los sistemas de seguridad social, mediante los cuales se busca proteger al individuo y su familia de las amenazas que, de manera natural, se presentan durante la existencia: la enfermedad, los riesgos laborales, la pérdida del empleo o la muerte. La seguridad social, su organización y estructura, corresponden a las condiciones particulares de cada sociedad en un momento determinado. En razón de ello requieren de sistemas dinámicos y flexibles; es decir, de la posibilidad de adaptarlos a las cambiantes condiciones de una sociedad. Lo anterior obliga a reconocer las particularidades de la colectividad, de sus necesidades y posibilidades para que, de acuerdo con eso, se diseñe el sistema correspondiente. Además en el documento resalta que este instrumento de política social debe ajustarse a los cambios de la población, económicos y de salud que se registren en la misma. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que un verdadero sistema de seguridad social debe cubrir a la totalidad de la población y no sólo a los trabajadores. En adición se debe recordar que, para la seguridad social, el sujeto de las prestaciones es la familia. Los autores también aseguran en el texto que son pocos los países que han logrado construir sistemas de seguridad social que respondan a seis principios básicos: Universalidad, integridad, solidaridad, redistribución, participación personal y portabilidad. En la actualidad el sistema de seguridad social resulta indispensable para el desarrollo y la estabilidad de nuestro país. Sin embargo, se debe reconocer que existen graves problemas, que el sistema ya dio lo que podía aportar de acuerdo con el diseño y las regulaciones que le caracterizan y que, de no hacer una reforma de fondo, en unos cuantos años nos vamos a enfrenta un grave problema. Además se advierte que nuestro sistema se caracteriza por ser: incompleto (en cuanto a la cobertura de la población y la falta de algunos seguros, como el de desempleo); fragmentado (son varias las instituciones que prestan los servicios); duplicado (algunos individuos tienen doble y hasta triple cobertura); sin portabilidad de la pensión (para aquellos trabajadores que cotizan en el IMSS y después lo hacen en el ISSSTE, o viceversa); desfinanciado (no cuenta con las reservas para responder a los compromisos frente a la población derecho-habiente); mal administrado (los aparatos administrativos requeridos para organizar y ejecutar la prestación de servicios se multiplica por el número de instituciones existentes); de calidad heterogénea, e inviable, y de continuar la tendencia que se tiene, colapsará en unos cuantos años. En sentido estricto, México no cuenta con un sistema de seguridad social por la falta de universalidad en la cobertura y de integridad en las prestaciones, sino con uno de seguro social limitado, que se complementa con programas de atención a población abierta en materia de salud; por eso, un porcentaje muy alto de la población no tiene acceso a los diferentes mecanismos de protección social que ofrece el Estado mexicano. Debe reconocerse que los profundos cambios demográficos y epidemiológicos, sumados al monto de las cotizaciones al sistema de pensiones que se ha seguido, a las condiciones de la economía nacional, a la organización y administración de las instituciones, a los costos de la atención médica y a los pasivos laborales, se han convertido en una terrible amenaza para las principales instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), las cuales tienen pendiente una reforma integral que deberá ofrecer soluciones de largo plazo a los problemas que se han ido acumulando en los últimos años, y que se agravarán progresivamente en los siguientes decenios. En este documento se afirma que el gran reto es la reforma de las instituciones de seguridad social, la cual debe asegurar un sistema único, con cobertura universal, viable en lo financiero, eficiente y de calidad, finalizó Cordera Campos. Esta propuesta fue comentada en dos mesas de trabajo presididas por la doctora Evelia Trejo Estrada, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Gilberto Guevara Niebla, respectivamente. Participaron: Fernando Gutiérrez Domínguez, director jurídico del IMSS; Mario Luis Fuentes Alcalá, director de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social; Agustín M. Alonso Raya, diputado federal de la LIX Legislatura; Héctor Doporo Ramírez, coordinador general de Apoyo al Sector Patronal del Consejo Técnico del IMSS; Leonardo Lomelí Vanegas, profesor de la FE, y Mateo Lejarza Leo, comisionado del Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana. Y José Antonio González Anaya, director general de Seguros y Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Benjamín González Roaro, ex director del ISSSTE y profesor de la FE; Joel Ayala Almeida, senador de la Comisión de Salud y Seguridad Social, LIX Legislatura de la República; Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM; Carlos Tello Macías, profesor de la FE, y Miguel Ángel Navarro Quintero, senador de la Comisión de Salud y Seguridad Social, LIX Legislatura de la República. Propuestas de los candidatos a la En el tercer día de análisis, la conferencia magistral corrió a cargo del doctor David Kershenobich Stalnikowitz, profesor de la FM, con el tema: “El futuro de la atención de la salud y la seguridad social en México”, que daría paso a la presentación de las propuestas de los partidos políticos.
Para expresar la postura ante estos temas, hablaron los representantes de los partidos políticos y sus, entonces, candidatos presidenciales: Lucio Galileo Lastra, en representación del PRI y de Roberto Madrazo; Asa Cristina Laurel hizo lo propio por Alianza para el Bien de Todos, del PRD, y su candidato Andrés Manuel López Obrador; Guillermo Tenorio Antigua habló a nombre de Nueva Alianza, encabezada por Roberto Campa, y Jorge Carlos Díaz Cuervo por Alternativa Socialdemócrata Campesina y su candidata Patricia Mercado. El ausente fue el representante del Partido Acción Nacional. En los comentarios finales, Alicia Ziccardi Contigiani, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Germán Pérez Fernández del Castillo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, respectivamente, dirigieron las mesas de trabajo, en las que participaron: Paulette Dieterlen, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y Manuel Ruiz de Chávez, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, así como Octavio Rivero Serrano, ex rector de la UNAM; David Ibarra Muñoz, profesor de la FE; Santiago Levy Algaza; Arturo Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y José Narro Robles, director de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad, el doctor Narro Robles pidió a los representantes de los candidatos y a los partidos que influyan para que la salud y la seguridad social formen parte del discurso de gobierno y de sus prioridades, pues existe una gran preocupación por la situación de la atención a la salud y de seguridad social en el país, los problemas demográficos y la transición epidemiológica. “Por ello, hay que comprometerlos a que se den pasos concretos para que tengan acciones que mejoren estos servicios”. Además, señaló que existe la aceptación para que se plantee, por lo menos, como propósito de mediano y largo plazos, pues se necesita contar en el país con un sistema único de salud, público, de cobertura universal y sanamente financiado, para atender las necesidades de los mexicanos. Se debe reconocer la protección de la salud como un derecho social prioritario de la población, e ir avanzando en el sentido de que nuestra legislación contemple a la seguridad social como uno más de los derechos fundamentales de los ciudadanos, concluyó. Por su parte, el doctor Rivero Serrano dijo que la razón de existir del Estado y de sus autoridades en una sociedad es proteger la integridad de sus habitantes, es su responsabilidad, pero además les debe proveer salud y educación, satisfactores indispensables para la vida cotidiana. Por ello, las políticas de salud y educación, aun en un mundo globalizado, son su responsabilidad irrenunciable, aclaró el ex rector de la UNAM. En su oportunidad, Ruiz de Chávez habló de las coincidencias de los partidos políticos en materia de salud, como la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica para enfrentar contingencias y prevenir la aparición de enfermedades, sobre todo las cronicodegenerativas. En ese tenor, Paulette Dieterlen destacó algunas de las principales propuestas de los partidos en la materia, como: construir una nueva cultura de la salud, así como impulsar la inversión en infraestructura en el sector, en los estados y en las regiones con mayor rezago. Para clausurar este encuentro, el coautor de los documentos analizados, Cordera Campos, también coordinador general del Seminario Universitario de la Cuestión Social, resaltó que si se busca salud y seguridad social universales, se tiene que recuperar la noción de ciudadanía, que no se resuelve ni concreta en las urnas o en la democracia representativa. Este rescate de la ciudadanía, dijo, se realiza y debería coronarse en un Estado social democrático y de derecho, que en el mundo moderno de la globalización y contrario a lo que algunos piensan, es el sostén insustituible de una república moderna, equitativa, caracterizada por el bienestar de sus miembros. Además, exhortó para que se ponga a la salud y la seguridad social en el centro de la sociedad mexicana, como derecho exigible, y habló de la necesidad de convencer a los ciudadanos, organizaciones civiles, partidos políticos y gobiernos, de lo vital que es crecer para una sociedad como la nuestra, y que para ello se deben pagar impuestos. Finalmente, informó que pronto se pondrá en circulación un volumen que recoja lo realizado durante los tres días del simposio, a fin de que sirva de punto de partida para continuar este diálogo y, de ser posible, llevarlo al plano de la esfera pública estatal con el próximo gobierno o con el nuevo Congreso, así como con las Cámaras y las autoridades locales que, en buena medida, ya son responsables de la salud pública en el país. Contenido del documento
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